La Historia nos dice que uno sabe cómo empiezan los mecanismos legales de excepción, pero no cómo terminan. Y suelen acabar mal. El gobierno de España anuncia una aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Constitución que va a poner a esa comunidad autónoma en situación de excepcionalidad con la destitución de su gobierno, el bloqueo de su parlamento y el control directo desde Madrid de todas sus instituciones, medios de comunicación públicos incluidos. Y ya se apunta la posibilidad de que esa situación excepcional se prolongue más allá de los seis meses anunciados.

La vaguedad de la redacción del artículo 155 y la inexistencia de normativa que explicite y controle cómo debe aplicarse lo convierte, de hecho, en un cheque en blanco de poder absoluto para el gobierno de España, que está en manos de un partido podrido hasta la médula con casi un millar de casos de corrupción en los tribunales. Darle ese cheque es suicida.