Las sensatas críticas de la fiscal general de Venezuela y del presidente Maduro a la resolución del Tribunal Supremo, por la que éste se arrogaba las competencias del parlamento dinamitando la división de poderes del Estado, han hecho que el órgano judicial dé marcha atrás en su disparate. La democracia sale fortalecida con esa vuelta al respeto institucional.

Pero la situación de tensión entre los órganos del Estado dirigidos por chavistas y los dirigidos por antichavistas permanece. La propuesta de parlamentarios de la oposición de cargar contra los jueces del Supremo echa leña a un fuego que ambas partes alimentan irresponsablemente, con una escalada de feroces descalificaciones tras las últimas elecciones presidenciales y legislativas, y que la pretensión intervencionista de la OEA sólo ha agravado. El gesto conciliador del ejecutivo debería recibir una respuesta también sensata desde la oposición.