Si faltaba algo para colocar a España en la cima del ridículo era la detención del abogado que se atrevió a filmar la declaración ante el juez de la Infanta Cristina, después de que el juez hubiera prohibido la toma de imágenes de la misma. En un país con millones de ciudadanos obligados por decreto a vivir cada vez con menos dinero, con menos derechos y algunos en la calle al perder sus casas, resulta insoportable el espectáculo de la intransigente defensa de los privilegiados: de la Familia Real a los banqueros, pasando por dirigentes políticos que son tratados con guante de seda aún después de saberse que son unos sinvergüenzas.

La élite española aplaude los motines de Ucrania como “método legítimo” para expulsar del poder a gobernantes democráticamente electos, a los que acusan de pervertir la democracia. Se arriesgan a que llegue el día en que un motín la saque a ella de sus poltronas al grito de “Abajo los privilegios”.