Mientras la Infanta Cristina declara ante el juez, los defensores de la Monarquía se esfuerzan en demostrar que un país cuya soberanía reside en el pueblo debe tener un jefe del Estado que no está sometido a refrendo electoral.

El argumento de fondo no puede ser más ofensivo: los españoles necesitan un árbitro simbólico para escapar a sus tentaciones fratricidas, luego más vale confiar en la Familia Real que en la voluntad popular. Pero miembros de esa familia fueron Felipe V, instaurador del centralismo, Carlos III bajo cuyo mandato seguía imperando la Inquisición, Carlos IV que entregó el país a los franceses, el déspota Fernando VII, Isabel II cuya corte era un delirio de santones y depravados, Alfonso XII que recortó derechos al País Vasco y Cataluña y Alfonso XIII, que apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Con esa realidad histórica, ¿se puede defender que sus herederos detenten un poder que no emane de las urnas?