El gobierno español ha aprobado la ley de seguridad ciudadana, que prevé multas de entre 30.000 y 600.000€ contra quienes “ofendan” a España o se manifiesten delante del parlamento o de otras instituciones, y la ley de Educación del ministro Wert, que beneficia a los centros escolares privados y a la Iglesia Católica. Dos leyes que atacan al corazón de la democracia.

Desde la Ilustración, la libertad de expresión y la educación universal de los ciudadanos en la tolerancia y los valores laicos han sido dos de los pilares sobre los que se ha construido la democracia. Tras los recortes en educación pública, primar el beneficio privado y el proselitismo religioso resultará catastrófico para las futuras generaciones. Y pretender amordazar a la ciudadanía, más aún en tiempos de crisis, es sellar una olla que está al fuego a ver cuánto tarda en explotar. Este gobierno va camino de convertirse en el wertdugo de la democracia.