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Cataluña como síntoma

Martes, 29 Agosto 2017 11:04
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El juego de amenazas y maniobras orquestado alrededor del referéndum independentista de Cataluña sirve de cortina de humo para evitar el verdadero debate que esa iniciativa plantea. Aun en el caso de que en esta ocasión el referéndum no se llegue a celebrar o se celebre y salga un no a la independencia, el hecho es que casi la mitad de la población de Cataluña está hoy por desconectarse del Estado español, algo que al parecer no preocupa al gobierno del PP porque solo desde la despreocupación puede plantearse como respuesta a las reclamaciones independentistas que la única opción es dejar la estructura autonómica del Estado tal y como está. La fórmula de “estas son lentejas, las tomas o las dejas” se convierte, en la versión de la derecha española, en “estas son lentejas y las tomas a la fuerza”.

Las invocaciones al artículo 155 de la Constitución que permite al gobierno hacerse con el control de una autonomía y a la posible intervención del ejército no son gratuitas, forman parte del juego de amenazas y de la preparación psicológica de la población, planteando opciones radicales que luego el gobierno dice que no va a emplear, pero que quedan ya en el horizonte de lo posible, caso de que finalmente se requiera usarlas.

En buena lógica, si la mitad de una comunidad autónoma proclama su deseo de independizarse, más allá de lo acertado o no de esa independencia lo que se está planteando es que el modelo actual de convivencia diseñado por la Constitución está en crisis. Y cuando en política un orden constitucional se manifiesta incapaz de dar cobijo a la diversidad de la nación, lo normal es cambiar la Constitución, no imponer ese orden por la fuerza (ya sea judicial, policial o militar) a quienes no se sienten amparados por él.

El referéndum de Cataluña no es el verdadero problema que España tiene que enfrentar sino el síntoma del  problema que debería discutirse y sin cuya resolución el independentismo no sólo no va a desaparecer sino que puede terminar imponiéndose a la larga: el monopolio de lo español por la derecha centralista más conservadora y la necesidad de un nuevo pacto de convivencia entre todas las naciones que componen el Estado español. Negar la existencia de ese problema es como tapar una olla a presión y dejarla al fuego indefinidamente, una apuesta por el estallido.

Históricamente, el Estado español fue resultado de una asociación de reinos con momentos conflictivos, en la que las legislaciones de los diferentes reinos fueron mantenidas en lo esencial hasta la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII. La abolición de los fueros y la importación del centralismo francés por parte de la nueva dinastía están en el origen mismo de la permanente tensión independentista vivida por el país desde el siglo XIX. A la cual contribuyó no poco la desaparición del imperio, pues la independencia de territorios que se consideraban parte de España, como Cuba, fue vista por los independentistas de los territorios peninsulares como prueba de la posibilidad y legitimidad de sus aspiraciones (baste recordar las fotos del líder independentista vasco Sabino Arana vestido con el uniforme de los mambises cubanos).

El intento de resolver esa tensión, durante la Segunda República, mediante estatutos de autonomía, fue abortado por la guerra civil. Y la larga noche del franquismo supuso la imposición de la peor versión del centralismo mediante una política de terror que tiñó de sangre la palabra España, siempre en boca del dictador y de sus voceros, y supuso la negación violenta de la identidad de las diferentes naciones integradas en el Estado.

Sin entrar en el debate de si habría sido posible una Transición Política distinta de la que se dio tras la muerte de Franco, lo cierto es que en ese momento se recuperó la idea de las autonomías como fórmula para dar expresión a esa diversidad histórica del Estado español negada radicalmente durante la dictadura. Como en tantos otros aspectos, la fórmula constitucional de las autonomías obvió la experiencia de las cuatro décadas de franquismo, tendiendo un puente directo con el fracasado intento autonómico de la Segunda República. Como si la erosión de la idea de España causada por su uso totalitario no hubiera existido. Como si lo vivido en esas décadas no pesara sobre la mentalidad de los españoles de 1978. Como si el miedo acumulado por el recuerdo de la guerra civil y los cientos de miles de desaparecidos del franquismo no fuera un condicionante mayor. Como si no pesara sobre la voluntad de la nación la voluntad armada de un ejército que seguía siendo franquista.

Que la solución autonómica fue una opción transitoria de mínimos, en vez de una verdadera solución al problema de las tensiones independentistas y de la necesidad de un nuevo pacto de convivencia, quedó claro con el golpe de Estado del 23-F, poco más de dos años después de la aprobación de la Constitución, cuyo fracaso militar fue acompañado del “triunfo” golpista de limitar la interpretación constitucional del desarrollo de las autonomías. El miedo de nuevo impuso una versión aún más restringida del modelo autonómico.

Cuarenta años después de su aprobación, el proceso independentista catalán muestra hasta qué punto el modelo autonómico está en crisis y es incapaz de lograr una verdadera estabilidad respecto de los dos territorios históricos cuya identidad nacional fue más sistemáticamente combatida durante el franquismo: el País Vasco y Cataluña.

¿Que los dirigentes independentistas catalanes son unos irresponsables o unos corruptos o unos ineptos? Esa no es la cuestión. Tampoco lo es si los irresponsables, los corruptos o los ineptos lo son los miembros del gobierno español. No se trata de una cuestión de individuos, aunque el carácter y la formación de esos individuos juegan un innegable papel en la manera concreta en que se plantea el problema. Pero, por una vez, habría que pensar en términos que no sean “ad homine”, que no pasen por el insulto y la descalificación.

España tiene un problema histórico pendiente. Después de más de doscientos años de convivencia marcada por la imposición de la visión centralista y muchas veces totalitaria de la derecha conservadora española, hace falta renovar el pacto de convivencia. Salir de la España propiedad de una sola visión (la del conservadurismo español) y entrar en una España resultante de la libre expresión de la voluntad de todas sus naciones de convivir en un nueva marco constitucional que respete sus identidad y no privilegie una opción ideológica. Un nuevo pacto de convivencia. Esa sería la respuesta sensata de un gobierno que lo fuera de todos los españoles y no sólo de aquellos que tienen una ideología conservadora: reconducir la iniciativa de Cataluña hacia el debate de un nuevo marco federal o incluso confederal del Estado. Aceptar que hay que cambiar el marco constitucional porque en el que tenemos ya no cabemos todos: hay millones de catalanes que lo están diciendo a gritos. Alemania es un estado federal. Suiza es un estado confederal. Son naciones sólidas. No hay razón para que España no pudiera serlo también. Lo único es que dejaría de ser propiedad del PP y pasaría a serlo de todos los españoles sin exclusiones. Ya va siendo hora.

La prensa, Podemos y el boomerang

Viernes, 10 Marzo 2017 10:09
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El comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid denunciando presiones y amenazas de Podemos a periodistas, que en teoría debería ser un de acto de defensa de periodistas, se ha convertido en una autoacusación de las carencias del periodismo español de hoy. El secretismo de su contenido (se acusa sin nombrar a los acusadores, sin nombrar a los acusados –porque son personas las que han proferido las supuestas amenazas y no se ha acreditado ninguna resolución de los órganos de dirección de un partido que propugne su uso− y sin aportar las pruebas) desvirtúa radicalmente su propósito formal. E invocar el secreto profesional en este caso es un despropósito. En primer lugar, porque la APM no es un medio de comunicación y su tarea no es informativa. En segundo, porque las denuncias sin pruebas ni nombres de acusadores son propias de los tiempos de la Inquisición, no de la sociedad de un Estado de derecho.

El secreto convierte lo que debería ser una denuncia, contra quienes se supone que han amenazado a periodistas, en una herramienta para de amenazar a un partido político, que casualmente es especialmente crítico con los poderes económicos que, como ya se ha acreditado reiteradamente, condicionan y manipulan el periodismo español de hoy. La dirección de la APM tenía que ser consciente de eso cuando tomó la decisión de arremeter contra Podemos como fuerza política y no contra los autores de las amenazas. Si lo era, el comunicado revela un inaceptable servilismo a los poderes fácticos. Si no lo era, es prueba de una irresponsabilidad que cuestiona su capacidad para defender los intereses de una profesión tan maltratada.

La única forma de reparar el daño es poner las denuncias concretas sobre la mesa, hacer pesar las palabras y las actitudes, de modo que se pueda valorar el alcance de las amenazas, si las hubo, amparar efectivamente a quienes las sufrieron y exigir a quienes los amenazaron que cesen en su actitud y a los responsables de los medios de comunicación para los que trabajaban esos periodistas, que defiendan a sus trabajadores frente a amenazas de terceros (para defenderlos frente a las amenazas que vienen de la propia empresa editora se supone que debería estar la APM). Y en adelante, proceder a una defensa de oficio de los periodistas frente a las presiones y amenazas recibidas desde las instituciones y desde las diferentes fuerzas políticas, empresariales, sociales o religiosas, y no sólo frente a las que puedan realizarse desde un determinado grupo político que incomoda a los propietarios de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Porque la doble vara de medir es la que tiñe de hipocresía un acto que debería de ser de defensa profesional y lo transforma en un boomerang contra la profesión.

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