Cada día

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Las sensatas críticas de la fiscal general de Venezuela y del presidente Maduro a la resolución del Tribunal Supremo, por la que éste se arrogaba las competencias del parlamento dinamitando la división de poderes del Estado, han hecho que el órgano judicial dé marcha atrás en su disparate. La democracia sale fortalecida con esa vuelta al respeto institucional.

Pero la situación de tensión entre los órganos del Estado dirigidos por chavistas y los dirigidos por antichavistas permanece. La propuesta de parlamentarios de la oposición de cargar contra los jueces del Supremo echa leña a un fuego que ambas partes alimentan irresponsablemente, con una escalada de feroces descalificaciones tras las últimas elecciones presidenciales y legislativas, y que la pretensión intervencionista de la OEA sólo ha agravado. El gesto conciliador del ejecutivo debería recibir una respuesta también sensata desde la oposición.

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Tras las últimas elecciones, Venezuela ha vivido un pulso político sin escrúpulos entre el chavismo, para cuestionar la legitimidad del parlamento electo, y la oposición, para destituir al presidente de la república electo. Ahora, el Tribunal Supremo retira las competencia al parlamento venezolano acusándolo de desacato y asume sus funciones, en un disparate político y legal que sólo puede ser calificado como golpe de estado, pues anula a uno de los tres poderes −el legislativo−, emanado directamente de la voluntad popular (cosa que cabe aplicar también al presidente electo, por más que la oposición haya querido ignorarlo hasta ahora), y altera el orden constitucional al ser el poder expoliado el que representaba la pluralidad política de la nación.

La oposición venezolana lleva años gritando dictadura, cuando no había tal. Ahora que de verdad llega, les sucede como en el cuento del lobo: nadie les hace caso.

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La muerte del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, evidencia una vez más la distancia que hay entre la realidad y los sueños. Pocos esfuerzos liberadores han sido más justificados y han despertado mayor entusiasmo que el iniciado en 1959. Su intento de dotar a Cuba de justicia y de voz propia independiente en el mundo forma ya parte del acervo de progreso de la Humanidad.

De igual modo, la deriva autoritaria del régimen revolucionario bajo la Guerra Fría y los errores voluntaristas de sus dirigentes, que tanto desgaste han producido en la población de la isla, advierten de cara al futuro sobre los peligros de un socialismo sin pluralismo. Cuba es una nación soberana con innegables avances sociales. También es un país lastrado por la falta de crítica interna plural indispensable para evitar o corregir abusos. Conciliar justicia social y pluralismo democrático es el reto de la Cuba que deja a su muerte.

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